|30-10-24| La Comisión para la Protección de Menores -órgano creado por el Papa en 2014 para proponer las iniciativas más adecuadas para prevenir los abusos a la Iglesia- ha respondido al llamamiento de Francisco y ha publicado su primer Informe Anual sobre Políticas y Procedimientos de Protección. Unas 50 páginas, cuatro secciones, numerosos datos recogidos en los cinco continentes y en varios institutos y congregaciones religiosas, y también en la propia Curia Romana, a la cual se pide cada vez más transparencia sobre procedimientos y procesos. Podéis leer el informe aquí.

 

El documento ha sido redactado por un grupo de trabajo presidido por Maud de Boer-Buquicchio, miembro de la Comisión y con una larga experiencia en la defensa de menores. En la portada aparece un árbol baobab, símbolo de la "resiliencia" que han demostrado miles de víctimas a la hora de denunciar y luchar para hacer de la Iglesia un lugar más seguro y recuperar la confianza perdida a causa de estos delitos.
 
 
El trabajo de toda la Comisión y el mismo informe se centra en las víctimas, en su sufrimiento y en la curación, en línea con las reformas recientes del Libro VI del Código de Derecho Canónico, que estigmatiza el delito de abusos como una violación de la dignidad de la persona. El texto documenta los riesgos y los adelantos en los esfuerzos de la Iglesia para proteger a los niños. También recoge recursos y buenas prácticas para compartir en la Iglesia universal, y es una herramienta para que la Comisión informe de sus conclusiones y recomendaciones de manera sistemática para compartirlas con el Papa, las víctimas, las Iglesias locales y el Pueblo de Dios. Entre las "necesidades" que señala el documento, hay la de promover mejor el acceso de las víctimas y los supervivientes a la información para evitar que se generen nuevos traumas.
 

La Comisión para la Protección de Menores reconoce la importancia de acompañar los líderes de las Iglesias locales en la responsabilidad de aplicar políticas de prevención y respuesta. Además, garantiza "intercambios de datos normalizados" con los obispos locales y los superiores religiosos y explica que la revisión de las políticas y los procedimientos sobre tutela por parte de los obispos tiene lugar a través del proceso de visita ad limina a Roma, a petición especial de una Conferencia Episcopal o de uno de los grupos regionales de la Comisión.